La rápida entrada en vigencia del Acuerdo de París, en poco más de seis meses desde que se abriera el proceso de ratificación, el 4 de noviembre de 2016, ha renovado las esperanzas de avances en la acción mancomunada para enfrentar el fenómeno climático, que se irá implementando en la próxima COP23 que se celebrará del 6 al 17 de noviembre en Bonn, Alemania.

Actualmente 168 Partes lo han ratificado (de las 197 Partes de la Convención Climática), y la renuncia de Estados Unidos de Norteamérica comunicada el 4 de agosto de 2017 al Secretario General de Naciones Unidas, ha implicado la presencia de voces en torno a que el Acuerdo de París es ‘irreversible’ (Declaración de 19 Estados miembros del G20).

La postura errática que EE.UU. ha tenido en las negociaciones climáticas en los más de veinte años de este proceso, no debe llevarnos a pensar que no habrá medidas para enfrentar el problema a nivel interno, sino que se seguirán dando dos consecuencias ya consolidadas: la primera, que el Poder Judicial ha intervenido en Cambio Climático y muy lentamente ha ordenado algunas medidas a tomar por el Poder Ejecutivo a nivel federal, en cabeza de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (aquí destaca el Caso Massachusetts v. EPA del 2 de abril de 2007); y la segunda, es que las políticas climáticas seguirán avanzando a nivel de los Estados donde si hay medidas de adaptación y mitigación (lo que es relevante en un Estado Federal como EE.UU.).

Ha de esperarse que la sociedad norteamericana reaccione de un modo más enfático respecto al Cambio Climático y que eso obligue a la toma de medidas internas más profundas en post de un escenario más adecuado frente al Cambio Climático.

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